HRW recomendó al gobierno de Argentina legalizar el aborto

Fuente: Ronaldo Schemidt - AFP

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, debería enviar un proyecto al Congreso para despenalizar el aborto en todos los casos y trabajar junto a la sociedad civil para redactar una ley que cuente con el apoyo mayoritario de legisladores, ya que mientras ello no ocurra, los derechos humanos de las mujeres seguirán siendo vulnerados.

Esta es la principal conclusión del informe "Es hora de saldar una deuda", que presentó Human Rights Watch (HRW), una organización internacional que realizó una investigación exhaustiva sobre el impacto social que produce la falta de acceso a abortos seguros.

La presentación del documento se convirtió en una nueva presión para el presidente argentino, quien se comprometió a presentar este año un proyecto de legalización del aborto, pero lo postergó debido a la pandemia y a pesar de los reclamos del movimiento de mujeres de este país.

Como parte del estudio, representantes de la organización entrevistaron a cinco mujeres y una niña que intentaron acceder al aborto legal en la ciudad de Buenos Aires y en varias provincias entre octubre de 2019 y febrero de 2020, ya que el artículo 86 del Código Penal permite la interrupción voluntaria de embarazos cuando ponen en riesgo la vida o la salud de una mujer, o cuando es el resultado de una violación.

Sin embargo, para muchas mujeres este "modelo de causales" resultó ser un obstáculo insuperable que volvió difícil o directamente inaccesible el aborto legal.

HRW también documentó 13 casos adicionales mediante entrevistas con 24 profesionales de la salud, trabajadoras sociales, activistas y abogadas que apoyaron a mujeres y niñas que intentaron realizarse abortos y a través de documentación que corroboraba los testimonios.

Lo que encontraron fue que el acceso al aborto legal y a la atención post aborto dependen, en gran medida, de la posición socioeconómica de la persona gestante y del lugar donde viva, así como de la arbitraria objeción de conciencia a la que apelan profesionales de la salud para no atender a las mujeres que necesitan interrumpir sus embarazos, quienes suelen ser maltratadas por personal de los centros médicos.

"Mujeres, profesionales de la salud y activistas y abogadas manifestaron a Human Rights Watch que el temor a las consecuencias legales —incluyendo la persecución penal y la estigmatización— hace que las personas gestantes no soliciten abortos y que los profesionales de la salud no brinden este servicio, incluso cuando se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 86", señaló el informe.